El gobierno del presidente Gustavo Petro está avanzando en un convenio con al menos 800 iglesias registradas en Colombia.
Según conoció El Espectador, este acuerdo les permitiría contratar libremente con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables. Lo anterior a pesar de que esas instituciones no pagan impuestos.
Pero la controversia alrededor de la posible cercanía estratégica del Gobierno con los sectores más religiosos no es nueva y, de hecho, esta podría ser una “nueva juagada” para poner de su lado a los siete congresistas del Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres, cuya bandera de representación es la agenda religiosa.
Según dijo a El Espectador Marco Jesús Suárez, director encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos, el objetivo es flexibilizar los requisitos para que nuevas organizaciones religiosas puedan unirse al proceso. Aunque aún no hay fecha para la convocatoria, se espera que, entre 800 y 1.000 iglesias, de las 11.000 que hay en total en el país, se adhieran al convenio. Específicamente cambiaría el requisito de antigüedad: pasaría de 20 a 10 años desde su constitución para poder celebrar contratos con el Estado.
En junio de 2023, ocho iglesias católicas y cristianas firmaron un convenio similar al propuesto ahora; entre ellas, estaba incluida la Iglesia Ministerial, que cuenta con su propio partido político (MIRA) y tiene cuatro curules en el congreso.
Esta alianza generó indignación por parte de algunos legisladores; fue el caso de Katherine Miranda, quien acusó al Gobierno nacional de haber “vendido el alma al diablo”. Mientras tanto, el Ministerio del Interior justificó esta decisión como un respaldo a la libertad de culto.
“Esto es una VERGÜENZA!!!!! Ni siquiera Duque se atrevió a tanto!!! No solo negaron mi propuesta de impuestos a las iglesias, sino que ahora usarán nuestros IMPUESTOS para hacer convenios con el Estado y crecer su fortín”, expresó en su momento la congresista Miranda del partido Alianza Verde.
Y es que la cercanía del ejecutivo con las iglesias parece paradójica porque algunas de las apuestas de estas entidades son contrarias a las del Gobierno; un claro ejemplo de ello es la prohibición del aborto.
El Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Luis Fernando Velasco, otorgó once facultades a las organizaciones religiosas el año pasado, permitiéndoles celebrar matrimonios con efectos civiles, fundar y dirigir centros educativos, y suscribir contratos con el Estado para programas educativos o de asistencia social.
Una de las que ya ha mantenido este tipo de contratos es la Iglesia Centro Cristiano, liderada por el pastor Satirio Do Santos, que tiene contratos con con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Además, el mismo medio estableció que desde 2023, esta organización cuenta con otros nuevos contratos con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta por más de 400 millones de pesos.
